Cuando a fines del año pasado el pleno del Senado finalmente aprobó la Ley de conservación de bosque nativo y fomento forestal, muchos cantamos victoria. Y no era para menos si después de 16 años de tramitación y discusiones bizantinas, finalmente salía humo blanco. El país contaría por fin con un cuerpo legal que, aunque incompleto e insuficiente, era un punto de partida que entregaba importantes herramientas para la conservación, añadiendo valor al bosque, especialmente aquél en manos de pequeños propietarios.

La celebración había comenzado a organizarse, e incluso desde el gobierno se empezó a disponer todo para una ceremonia a la altura. Pero de eso han pasado ya casi seis meses, y la euforia ha dado paso a la desazón. En efecto, del Congreso la ley pasó al Tribunal Constitucional, donde está estancada desde entonces, pese a que se suponía sería un trámite breve. Después de casi medio año, el texto continúa en el mismo lugar, sin señales que indiquen cuándo terminará esta espera.

Para algunos, se trata simplemente de una recarga de trabajo en el Tribunal Constitucional pero, definitivamente, todo tiene su límite. Como para preguntarse qué pasa con nuestro país, que al parecer se resiste una y otra vez a cumplir con su bosque nativo. Eso, aun considerando que el proyecto acordado no es la mejor ley, ni la más completa, pues aún deja varios aspectos sin resolver, cuestiones que deberán seguir debatiéndose en los próximos meses.

Es de esperar que esta demora tenga sólo razones burocráticas, y que éstas se solucionen a la brevedad, de manera que la ley finalmente pueda ser firmada por la Presidenta y promulgada, y así destrabar una serie de procesos que por ahora, han quedado en compás de espera.